Antecedentes

La llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder en 2006, con Evo Morales como presidente, marcó un cambio político decisivo en Bolivia. Morales fue reelecto en tres ocasiones, impulsando una agenda de inclusión social e indígena.

En 2019, tras las elecciones de octubre donde la Organización de Estados Americanos (OEA) identificó “irregularidades graves” en el conteo de votos, estallaron protestas masivas que derivaron en 36 muertos y presiones militares. El 10 de noviembre del mismo año, Morales renunció y asumió la presidencia interina Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, quien convocó nuevos comicios.

En octubre de 2020, el MAS retornó al Ejecutivo con Luis Arce, que obtuvo el 55.1 % de los votos según el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, a partir de 2022 la unidad del partido se desmoronaba: simpatizantes de Morales y de Arce pasaron a organizarse en facciones enfrentadas, incluso celebrando congresos paralelos.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) y la Fundación Jubileo han denunciado inconsistencias en el padrón electoral y han exigido su auditoría, impulsando propuestas de reforma al sistema democrático boliviano.

 

Actores clave

• Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Encargado de organizar las elecciones del 17 de agosto de 2025, el TSE enfrenta serias críticas por su imparcialidad. Su presidente, Óscar Hassenteufel, convocó recientemente a todos los aspirantes a una “cumbre de garantías” para asegurar un proceso transparente, pero la oposición y sectores de la sociedad civil cuestionan la independencia del órgano. El expresidente Carlos Mesa ha pedido públicamente al TSE “blindar el voto soberano” contra presiones políticas externas, argumentando que solo así se garantizará la seguridad del mandato popular.

• Evo Morales

Evo Morales, expresidente de Bolivia (2006–2019) y referente del movimiento indígena, sigue siendo eje del debate político pese a su inhabilitación. El 20 de mayo de 2025, el TSE rechazó su inscripción al no poder registrar su candidatura con un partido habilitado. Desde entonces, sus seguidores han organizado bloqueos de carreteras en el Chapare en la ciudad de Cochabamba y marchas en La Paz para exigir su habilitación; en Llallagua, estas protestas derivaron en enfrentamientos que dejaron cinco muertos, cuatro policías y un civil. Este es un claro reflejo de la capacidad de movilización de Morales,  dentro de los límites que impone la ley.

• Luis Arce

El presidente Luis Arce, electo en 2020 con el 55.1 % de los votos según el TSE, sorprendió el 13 de mayo de 2025 al declinar su reelección “en favor de la unidad de la izquierda”. Con ello, procuró evitar la fragmentación del voto oficialista y fortalecer un candidato único del MAS, posiblemente el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Esta estrategia podría buscar mantener la cohesión interna del partido y contrarrestar el desgaste por la crisis económica e inflacionaria.

División política y panorama actual

Hoy el MAS está dividido en dos bloques: por un lado los “evistas” leales a Evo Morales y por otro los “arcistas” afines a Luis Arce. Después de que el TSE rechazara la inscripción de Morales como candidato presidencial, el pasado el 20 de mayo, argumentando incumplimientos en los requisitos de residencia.

Esa decisión desencadenó nuevas protestas con bloqueos en Cochabamba, Oruro y Potosí, y marchas en La Paz. En declaraciones para Erbol, Morales acusó al TSE de actuar bajo “órdenes del poder”.

La oposición formal está fragmentada. Tras la renuncia de Luis Fernando Camacho a su candidatura en marzo de 2025, el bloque de centroderecha aún no logra unificar a sus líderes: Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina mantienen propuestas separadas. No obstante, la división interna del MAS crea una ventana de oportunidad única: si el oficialismo llega desunido al 17 de agosto, la oposición podría capitalizar la fragmentación del voto y consolidar un candidato competitivo.

En el Chapare y otras zonas rurales, los campesinos e indígenas respaldan las protestas pro-Morales y defienden su derecho a participar en las elecciones. Por otro lado, los ciudadanos urbanos expresan un fuerte desencanto por la crisis económica, (inflación de 18,46 % y escasez de combustibles) y critican tanto el clientelismo oficialista como la dispersión de la oposición.

 

Conflictos y tensiones en el proceso electoral

La inhabilitación de Morales ha sido percibida por sus seguidores como una maniobra política para evitar su regreso al poder. En Llallagua, Potosí, se reportaron al menos cinco fallecidos, cuatro policías y un manifestante, durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las protestas suscitadas el pasado 10 de junio. Los bloqueos de carreteras en el Chapare y Cochabamba, acompañados de banderas indígenas wiphala, han generado choques frecuentes con la policía y el uso de gases lacrimógenos.

El politólogo Marcelo Arequipa advierte sobre la creciente falta de independencia del TSE: “Estamos ante un tribunal presionado desde distintos frentes políticos. Su credibilidad está en juego”, declaró para La Razón.

 

Riesgos y posibles escenarios a futuro

• Crisis de legitimidad electoral

Si un sector importante de la población desconoce la validez del proceso, como advierten líderes evistas que amenazan con no reconocer los resultados, Bolivia podría enfrentar nuevamente una crisis institucional similar a la de 2019. Un alto nivel de abstencionismo o denuncias fundadas de irregularidades pondrían en jaque la estabilidad política y social.

• Papel del TSE y participación ciudadana

La capacidad del TSE para administrar elecciones creíbles y la respuesta de los votantes serán decisivas. Un proceso transparente con amplia participación fortalecerá la confianza ciudadana; por el contrario, errores logísticos o falta de supervisión internacional agravarían la tensión.

• Presión internacional

La Misión de Observación de la OEA y la Unión Europea mantienen una estrecha vigilancia sobre el proceso. Ambas instituciones han instado a las autoridades bolivianas a respetar la autonomía de los órganos electorales y salvaguardar el derecho al voto, advirtiendo que un retroceso democrático dañaría la imagen del país y podría derivar en sanciones o reducción de cooperación internacional.