El día Internacional de la mujer, el viernes pasado, el Presidente de Francia; Emmanuel Macron encabezó la ceremonia de sellado de la Constitución francesa, marcando un hito al incluir una referencia a la libertad de interrupción voluntaria del embarazo. La Plaza Vendôme de París fue testigo de una ceremonia pública en la que el ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, estampó el sello de la República en la ley que, consagra en la Constitución la “libertad garantizada” de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta iniciativa surge en un momento crucial, a tres meses de las elecciones al Parlamento Europeo. Macron, al advertir sobre las fuerzas reaccionarias en Europa, posiciona al gobierno como defensor de los derechos de las mujeres, resaltando que estos son atacados primero antes que los derechos de las minorías y todas las libertades. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), con el mismo valor jurídico que los Tratados, se presenta como un respaldo legal en este contexto.
La culminación de este proceso convierte a Francia en el primer país en el mundo en incorporar el derecho al aborto en su Constitución. El Parlamento, en una votación a favor de modificar la Constitución de 1958, consagró la “libertad garantizada” de las mujeres a abortar, respaldado por un sólido 85% de apoyo de la población según encuestas. Previamente a la votación, el primer ministro, Gabriel Attal, alertó al Parlamento sobre el riesgo que enfrentaba el derecho al aborto, presentándolo como vulnerable y “a merced de quienes toman las decisiones”. Además de que para la posición y algunos críticos, acusan al presidente de intentar aprovechar la causa para fortalecer su reputación como figura política de orientación izquierdista. Sin embargo, por esta razones anteriormente mencionadas justifica el esfuerzo del gobierno para protegerlo.
Por lo tanto, la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa no solo responde a un acto de progreso social , sino que también se presenta como una maniobra estratégica del gobierno para consolidar su posición como defensor de los derechos de las mujeres y líder en la promoción de libertades fundamentales en Europa.
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